Bolivia y el FMI cierran un acuerdo técnico por 1.900 millones: qué incluye y qué falta

El 29 de julio de 2026, después de más de veinte años sin un programa vigente, Bolivia y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un acuerdo a nivel técnico. La cifra es de 1.900 millones de dólares a 36 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo. Es menos de lo que se había especulado durante el primer semestre, cuando se hablaba de un techo de 3.300 millones, y sin embargo llega acompañado de algo que el monto solo no refleja: la expectativa del propio Fondo de que el programa destrabe al menos 5.000 millones adicionales de otros organismos. Esto es lo que dice el acuerdo, y lo que todavía no dice.

Los números del programa

El acuerdo técnico contempla aproximadamente 1.900 millones de dólares, equivalentes a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, es decir 570% de la cuota de Bolivia en el organismo. El plazo es de 36 meses bajo la modalidad SAF, el Servicio Ampliado del Fondo, que es el instrumento que el FMI usa cuando el problema de un país no es de caja sino estructural.

Las condiciones financieras son la parte más benigna del paquete. Según las autoridades bolivianas, el programa prevé más de cuatro años de período de gracia antes del primer pago de capital y una tasa en el orden del 4%. Comparado con lo que Bolivia paga hoy por deuda de mercado, es dinero barato. (El texto aprobado por el Congreso en septiembre precisó las cifras: repago a diez años desde cada desembolso, cuatro años y medio de gracia y una tasa de 3,47% sujeta a las fluctuaciones del DEG.)

El efecto multiplicador importa tanto como el monto. El FMI señaló que espera que el programa catalice financiamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios, hacia un paquete conjunto de al menos 5.000 millones de dólares. Parte de esa expectativa ya tenía nombre propio: el crédito de hasta 4.500 millones del BID anunciado a comienzos de año.

Qué se comprometió Bolivia a hacer

Un acuerdo con el FMI nunca es solo un cheque. El programa apunta, en palabras del organismo, a restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer las redes de protección social y fomentar un crecimiento impulsado por el sector privado. Traducido a compromisos concretos, los ejes conocidos son cuatro:

• Déficit fiscal. Un sendero de reducción gradual hacia el equilibrio, partiendo de un rojo cercano al 11% del PIB.
• Financiamiento monetario cero. El Banco Central deja de imprimir para cubrir el hueco del Tesoro, con refuerzo de su autonomía operativa.
• Protección social. El acuerdo incorpora explícitamente medidas para amortiguar el costo del ajuste sobre los hogares más expuestos, un punto que el Gobierno subrayó en su comunicación pública.
• Gobernanza. Transparencia, rendición de cuentas, políticas anticorrupción y reformas para reducir distorsiones en los mercados cambiario y mayorista.

Este último punto es el que conecta el acuerdo con el bolsillo cotidiano: la distorsión cambiaria que el Fondo menciona es exactamente la que este sitio mide todos los días desde que se adoptó el tipo de cambio flexible.

Lo que faltaba, y cómo se resolvió

Un acuerdo a nivel del personal técnico no es un desembolso. Faltaban tres cosas, y ninguna era trámite: la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, las acciones previas que Bolivia debía ejecutar antes de que el caso llegara al Directorio, y el aval del Legislativo boliviano, sin el cual el país no puede asumir la deuda.

Las tres se movieron entre agosto y septiembre.

Las acciones previas se ejecutaron primero. El régimen de tipo de cambio flexible ya estaba en marcha desde el 29 de junio, y el desmontaje de la subvención a los combustibles empezó el 16 de agosto con el DS 5676, que llevó el diésel a Bs 18 el litro para los grandes consumidores. El Gobierno admitió después, abiertamente, que ese decreto respondía a un condicionamiento del Fondo.

El aval legislativo llegó el 18 y el 19 de septiembre: Diputados primero, el Senado al día siguiente por dispensación de trámite, y el acuerdo se convirtió en la Ley 723. Horas después el presidente Paz eliminó por completo la subvención al diésel con el DS 5716. El detalle de lo aprobado —plazos, tasa, metas de reservas y déficit— está en El Congreso aprobó el acuerdo con el FMI.

Queda la tercera pieza, la única que ya no depende de Bolivia: el Directorio Ejecutivo del FMI debe ratificar el programa el 2 de octubre. El Gobierno espera un primer desembolso cercano a los 250 millones de dólares pocos días después; el viceministro del Tesoro lo ubicó hacia fines de octubre.

Por qué el mercado ya lo descontó

El dato más elocuente es el calendario. El dólar oficial tocó su máximo de Bs 12,15 el 31 de julio, dos días después del anuncio, y desde entonces bajó sesión tras sesión hasta Bs 11,52 a fines de agosto. No es que hubieran llegado los dólares del Fondo: es que el mercado dejó de operar bajo el supuesto de que no iban a llegar nunca.

Ese mecanismo tiene una contracara, y septiembre la mostró. Las expectativas que se construyen sobre un anuncio se desarman con la misma velocidad, y también se reacomodan cuando la buena noticia macro llega envuelta en una mala noticia de bolsillo. El oficial escaló hasta Bs 12,64 a comienzos de septiembre, se desplomó a Bs 10,15 el día 16 y volvió a Bs 11,00 el fin de semana en que se aprobó el crédito y se liberó el precio del diésel. El recorrido completo está en el vaivén de septiembre, y la lección práctica es la misma de siempre: cada semana, con novedades o sin ellas, también se cotiza. Puedes seguirlo en el histórico.